Sociedad: Apología legislativa de la religión (y otras orgías mentales, pero serias)

 La cuestión es simple: ¿debemos de penalizar el aborto o no? Dicho de otra manera ¿podemos inmiscuir la cuestión religiosa en el debate legislativo de una democracia? La respuesta es clara: No.
Saber si un país ha de prohibir el acceso a los avances científicos y médicos desarrollados con el fin de auxiliar y das soluciones a la sociedad para la que ‘trabaja’, es como elevar el debate de cómo he de llamar a mis hijos en función de la religión de mi presidente: Marcos o Abraham. El derecho a ciertas técnicas que pueden evitar un estado o una situación de desesperación o sufrimiento se nivela claramente a una reflexión importante pero personal. En esta, la moral y las creencias de la persona, así como sus valores y su sentir son los que deben aportar respuesta a una actuación que en este caso en concreto le concierne a ella y a la posible futura vida cuya posibilidad de desarrollarse o no le pertenece a su primo-creador. Pero esta reflexión solo le pertenece al individuo: primero a la mujer y, más tarde, una vez aceptada en unos plazos que sí han de ser legislados para evitar daños a terceras personas, al co-procreador. El gobierno de una democracia solo puede aquí incidir en tres aspectos: en la legislación de los plazos que la comunidad científica – y no mística- logre honestamente determinar como el tope en el que el embrión pasa a ser -claramente- un organismo independiente; en la puesta a disposición de todas las prestaciones sanitarias públicas y privadas para que dicha interrupción – si así fuera- se realice con todas las garantías médicas necesarias; y en la protección del individuo -de la mujer y su círculo familiar- que decida realizar un aborto frente a las posibles amenazas sociales que se presenten.
Restringir un derecho, suprimirlo o peor aún, transformarlo en un delito motivado por un lobbismo religioso en un estado democrático y aconfesional es un golpe de estado a los derechos de la sociedad. Y llegado este punto de confianza en el que el estado injiere en las ‘subcapas’ de nuestras vidas personales, puedo concluir que tal insistencia en cambiar esta ley es el resultado de una mente adulterada con orgías mentales muy serias.

El gobierno pues, debería más bien preocuparse de desarrollar políticas en materia de educación sexual a sus conciudadanos más jóvenes, que ‘crucificar’ el 70 por ciento de su población que ha entendido perfectamente que, el que no quiera abortar, que no lo haga. No soy ningún ‘libertino’ a quien le haga gracia la interrupción de un embarazo, y mis opiniones en el seno de mi casa, bien podrían parecer paradójicas a este artículo. Pero lo que no soy ante todo, es una mujer, una posible futura madre, ni la conciencia de los demás. Que tome ejemplo el Señor Gallardón y concluya de este texto que la servidumbre religiosa no puede comprometer la libertad individual.

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