POLÍTICA: INMACULADOS POLÍTICOS

Reino-Unido puso de relieve dos cosas en los pasados días. La primera que la corrupción (tráfico de influencias, sobornos, etc…) está presente en todos los sitios donde existan el poder y el dinero. La segunda que un «corrupto mediático» -hasta que se demuestre lo contrario- no tiene sitio en la esfera pública y aún menos, en la política. Tal vez debamos hacer un verdadero ejercicio de ética política y dejarnos de intenciones y promesas que se podrían resumir en el «cantar de los míseros». La imputación señala la atribución «a alguien [de] la responsabilidad de un hecho reprobable» según la RAE, y la petición de un suplicatorio, demuestra la necesidad de igualar un aforado político a cualquier ciudadano para poder demostrar su inocencia o no (ya que esta está siendo entredicha). Ambos conceptos que últimamente afloran en todos los medios de información han de ser tomados en consideración políticamente y cívicamente de la manera más estricta, retirando el voto de confianza a la persona que los ostenta. O bien voluntariamente o bien obligatoriamente. No cabe explicación – ni tan siquiera la presunción de inocencia- para legitimar el mantenimiento de un cargo público mientras no queden aclarado los indicios de un posible delito. En ese sentido Alberto Fabra (con R. Blasco) se está equivocando, al igual que Alfredo Perez Rubalcaba (con J. Blanco), o Mariano Rajoy (con A. Mato) por citar los casos más relevantes del momento. No se trata de abandonar un compañero, amigo o familiar. Se trata, a diferencia de la vida civil-personal, de esclarecer los hechos retirando la confianza política atribuida. En ese sentido, si en la esfera civil todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, la condición de político obliga a demostrar constantemente su inmaculada ética y legalidad. Nuestra confianza – la de los ciudadanos- no recae sobre terceras personas en cuanto a ellas pertenece la posibilidad de retirar de su cargo a un político; recae sobre ese mismo político y sobre la justicia. En todo caso, a esos terceros les pertenece la responsabilidad de actuar éticamente; pero ahí es donde falla. Esperemos que el sentido moral de algunos de nuestros representantes cambie y se haga efectivo, entendiendo la necesidad de anteponer la confianza del ciudadano al proteccionismo gremial.